La inversión en educación debería situarse en el 6% del PIB durante los próximos diez años para compensar el estancamiento acumulado de los últimos tres lustros. Debería ir acompañado de un esfuerzo por hacer más transparente la financiación escolar, mediante la clarificación y explicación del precio de una plaza escolar sin importar la titularidad del centro.
Habría que reformar el sistema de selección y formación del profesorado de educación primaria y secundaria. A imagen de Finlandia, esta selección se tendría que realizar antes de la entrada en la universidad, aumentando las notas de corte y evaluando si el aspirante está realmente capacitado para enseñar a nuestros hijos, no solo por su nivel de conocimientos.